Panamá, 4 de julio de 2024. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., reunió a su equipo de trabajo, para la ejecución de planes y proyectos de alcance nacional, trazando la hoja de ruta del período 2024-2029.
En el encuentro participaron el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez Peralta; el secretario general, Alcibiades Pinzón; el jefe de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, Juan De La Ossa y la asesora legal del ministro, Idelcarmen de Palma, coordinadora del Despacho Superior, quienes están comprometidos con la transparencia y conducir un Miviot de puertas abiertas.
Previamente, el ministro Jované había realizado un breve recorrido por las oficinas en la sede principal, donde aprovechó para llevar un mensaje a los colaboradores de un compromiso con la población panameña y laborar con eficiencia y eficacia.
En las primeras acciones al asumir el cargo, el titular del Miviot giró instrucciones para resolver quejas de algunos manifestantes del proyecto residencial Ciudad Esperanza, en Arraiján, donde el director de Desarrollo Social, Guillermo Leblanc, se trasladó al punto, en coordinación con la gobernadora de Panamá Oeste, Marylin Vallarino, para escuchar las peticiones de los moradores.
Igualmente, el nuevo encargado de Recursos Humanos está concentrado en atender oportunamente los temas administrativos pendientes, de tipo laboral, como pago del Décimo Tercer Mes adeudado y las vacaciones de funcionarios con contratos que cesaron el 30 de junio.
En su discurso de toma de posesión, el presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó a los nuevos ministros y funcionarios entrantes que se comprometan a hacer las cosas de manera distinta y a volver a enaltecer el valor del servicio público, para salir dentro de cinco años con la frente en alto, habiendo sido parte de una verdadera transformación del país.
El Miviot, que fue reorganizado mediante la Ley No. 61 de 23 de octubre de 2009, tiene la finalidad de establecer, coordinar y asegurar de manera efectiva la ejecución de una política nacional de vivienda y desarrollo urbano destinadas a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los sectores de menores ingresos.
