Panamá, 7 de septiembre de 2023. Un equipo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) trabaja en una propuesta de Ley General de Vivienda, en conjunto con el Banco de Interamericano de Desarrollo (BID), para el análisis del proyecto y poder ser presentado ante la Asamblea Nacional.

Los objetivos son mejorar las condiciones de vivienda de las personas con menores ingresos económicos o en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y así dar facilidades para poder acceder a un bien inmueble digno y decoroso.

El viceministro de Ordenamiento Territorial, José Batista, quien participa de la comisión del Miviot, manifestó que los criterios deben estar bien defendidos para evitar ambigüedades y así crear una buena propuesta.

Los términos y formulación de los artículos deben tener correlación con las leyes de transparencia y de construcción existentes, para que una vez presentada pueda ser prohijada.

Por su parte, la viceministra de Vivienda, Daniela Martínez López, propuso varios cambios de forma para dejar explícitos los artículos analizados.

El asesoramiento del BID es importante por su experiencia e impulso en el desarrollo inmobiliario en el sector de interés social.

En este sentido, los integrantes del equipo del BID ponen especial énfasis en la calidad de la vivienda, que garantice la seguridad de las familias que accedan a este bien.

También se plantea evitar conflictos entre instituciones y definir con claridad las competencias de cada una, para evitar que la tramitología sea extensa a la hora de emitir los distintos permisos o autorizaciones, ya sea para las construcciones de unidades residenciales o comerciales.

El mismo equipo se mantuvo reunido para dar continuidad a la propuesta de modernización de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, que regula el régimen de arrendamiento en el país.

Son cinco décadas que lleva rigiendo la Ley 93 de arrendamiento y con el pasar del tiempo ha quedado desfasada y con falta de inversión del sector privado, por artículos que contraen el interés de los inversionistas de este sector inmobiliario.

Estudios demuestran que algunas familias no desean invertir en una propiedad que cuyo financiamiento sea de 30 ó 35 años, prefiriendo mantenerse en un arriendo temporal o a largo plazo, con el objetivo de retornar a la provincia o país de origen.

Con el trabajo que se realiza se propone hacer una alianza público-privada, en la cual se incentive al sector privado para invertir en nuevas unidades inmobiliarias de arrendamientos con un costo accesible para los clientes de este producto.

Otro punto que desea el Miviot es garantizar la obligatoriedad de los registros de todos los contratos de arrendamientos y con la modernización de la Ley 93 se dejará explícito en uno de sus artículos, de lo contrario se impondrán sanciones ejemplares por el incumplimiento de la Ley.

Se plantea instaurar una Junta de Conciliación que de forma imparcial tratará de que las partes, arrendador y arrendatario, lleguen a acuerdos y evitar largos procesos judiciales.

En las próximas semanas seguirán los acercamientos de las partes para concluir ambos proyectos y de esta forma solicitar al Legislativo cortesía de sala para presentar los anteproyectos de Ley, que luego deberán ser discutidos por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.