Panamá, 20 de septiembre de 2024. Autoridades gubernamentales se reunieron con miembros del Comité 8 de Julio en el distrito de Changuinola, Bocas del Toro, dando seguimiento a las medidas a favor de las víctimas de los enfrentamientos ocurridos hace 14 años en esa provincia.
El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, acompañó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, como miembros del Gabinete que encabezaron las conversaciones con el grupo de afectados por los hechos acontecidos del 6 al 10 de julio de 2010 en Changuinola, dando continuidad a la mesa de trabajo entre el Estado y los afectados, instaurada el 5 de septiembre de 2024 en la ciudad de Panamá.
Méndez, en representación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), destacó que dentro del programa Plan Progreso, que está actualmente en ejecución en Bocas del Toro, se hará la asignación de lotes y construcción de algunas viviendas.
Agregó que con ese programa habitacional y adicionalmente a otros proyectos que lleva adelante la institución se dará respuesta a las personas en cuanto a los temas habitacionales.
Precisamente, las autoridades del Gobierno y el Comité 8 de Julio abordaron temas concernientes a mejoras habitacionales y salud, principalmente.
En este sentido, las diversas instituciones presentaron sus avances correspondientes a los acuerdos establecidos en la primera reunión realizada en la Presidencia de la República.
La ministra Montalvo dijo que con esta jornada, más que darle continuidad a una mesa de trabajo, se busca ver la realidad de las personas que están dentro del comité.
Además, estuvieron en el diálogo el viceministro de Salud, Manuel Alberto Zambrano; Mercedes González, secretaria ejecutiva de Asuntos Públicos y Gubernamentales del Ministerio de la Presidencia, y el gobernador bocatoreño Edgardo Ibarra.
La mesa de trabajo, creada mediante la Ley 28 de 4 de mayo de 2015, tiene como funciones definir las políticas sociales para mitigar las afectaciones en las personas, declarar la condición de los afectados por medio de un comité médico evaluador interinstitucional y velar por el cumplimiento de las propuestas del Comité 8 de Julio.
