Panamá, 19 de septiembre de 2019.

Prevención de riesgo significa que ante una situación o actividad alarmante por sus propias características las personas toman ciertas precauciones, por si el mismo se materializa y se convierte en un peligro para su integridad, por ello la dirección de Asentamientos Informales del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, busca crear conciencia a través de capacitaciones sobre este tema.

Para Yenny Valero del Miviot, las personas y comunidades vulnerables, así como los ecosistemas con los cuales interactúan, tienen el derecho a que los procesos, planes y programas de desarrollo, se realicen considerando sus condiciones actuales de riesgo y evitando la creación de nuevas amenazas y vulnerabilidad a través de programas de prevención.

Según estadísticas sobre ocurrencias de desastres, en la República de Panamá los eventos que ocurren con mayor frecuencia son inundaciones en un 44 %, vientos fuertes 13%, deslizamientos 11%, colapsos estructurales 8%, marejadas 2% y sismo 1%.

Valero indicó que en Panamá las zonas más afectadas por este tipo de fenómenos hidrometeorológicos son poblados rurales dispersos y de asentamientos urbanos precarios situados en zonas de alto riesgo, altamente vulnerables a este tipo de amenazas.

Entre las zonas vulnerables de las costas de Panamá se encuentran, la península de Valiente en la provincia de Bocas del Toro, Zona Libre de Colón, Portobelo, Costa Arriba y el centro de Colón, la Comarca de Guna Yala, Vacamonte, Punta Chame, en Panamá Oeste, Parita en Herrera, Guararé y Pedasí en Los Santos, Punta Burica y Boca Chica en Chiriquí.

Objetivos de la política nacional de riesgo:

  • Promover que los procesos de desarrollo impulsados en todo el territorio panameño, se diseñen en condición de seguridad integral.
  • Procurar la armonización y la integración de políticas y estrategias públicas sectoriales, territoriales y descentralizadas.
  • Impulsar la creación, fortalecimiento e implementación de mecanismos e instrumentos, para consolidar esta política.
  • Brindar un marco político adecuado, para que se aplique lo estipulado en la Constitución Nacional y se implementen los compromisos regionales e internacionales.

Los funcionarios deben tener claro los conceptos de riesgo al momento de medir o colocar los puntos de lotes, respetar la distancia de separación de ríos, quebradas, ojo de aguas y zanjas.

Al momento de dibujar los planos para la aprobación de asentamientos informales, se indicará como servidumbres de quebradas, ríos, ojos de agua y quebradas, no como resto libre y si hay riesgos de deslizamientos e inundaciones indicarlos.

Una de las metas para el año 2030 es cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que es asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles y mejorar los barrios marginados.

Además, aumentar la urbanización inclusiva, sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integrada, resiliente, segura y sostenible de los asentamientos humanos en todo el país, por ello la gestión integral de riesgo de desastres debe ser considerado parte intrínseca de los procesos de planificación e inversión pública.